En el año del fallecimiento de Gabriel García Márquez nos hallamos ante una nueva “crónica de una muerte anunciada”; aunque en esta ocasión no sea en un pequeño pueblo de la costa del Caribe y sí en el zaragozano barrio de San José.
Emulemos al escritor colombiano y repasemos los hechos, que nunca viene mal, especialmente para aquellos de memoria frágil.
A mediados del S.XIX nuestro ayuntamiento cede, en Montemolín, unos terrenos a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) para la construcción de una estación, y en 1901 se firma su explotación por Minas y Ferrocarriles de Utrillas. Tras el abandono de la actividad, y el expolio de una notable arqueología industrial, FEVE subasta a finales de los 80 del siglo pasado más de 40.000 metros cuadrados con un precio de partida de 900 millones de pesetas. En 1990 los terrenos son vendidos a Promociones Valparaíso S.A. por 1.200 millones de pesetas, y son hipotecados, a través de Ibercaja, con una tasación de 1.715 millones de pesetas en 1992. Ese mismo año son adquiridos por Residencial Parque Bruil S.A. por 1.900 millones. ¿Podríamos hablar de especulación? Tal vez.
Pero claro está, la especulación debe ir acompañada de planeamiento, tanto es sentido genérico como urbanístico. Recordemos pues los hechos. En 1990 se aprueba un Plan Especial para la Estación de Utrillas, donde el uso residencial sería el dominante en el sector y el comercial meramente complementario. En cifras redondas casi 600 viviendas, una superficie edificable de 70.000 metros cuadrados y 15.000 para usos comerciales. Posteriormente, en 1996, el gobierno municipal presidido por la Sra. Rudi aprueba una modificación de dicho Plan, reduciendo el número de viviendas y ampliando las superficies comerciales. Primer aviso a navegantes: la sociedad promotora Residencial Parque Bruil S.A. se hallaba participada por destacados dirigentes del Partido Aragonés Regionalista, formación que junto al Partido Popular gobernó la ciudad entre 1995 y 2003. En 1999 Alcampo solicita licencia de instalación y actividad y en 2000 abre sus puertas el centro comercial.
Entretanto, y a la vista de la que se nos venía encima, el movimiento vecinal, la Asociación de Vecinos de San José y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza protestaban.
En los años 90 protestábamos y nos oponíamos, junto a las asociaciones de comerciantes, a unas grandes superficies que terminaban con lo que hoy conocemos por comercio de proximidad. O dicho de un modo más prosaico: que nuestro vecino Juan o nuestra vecina María puedan ganarse la vida en el barrio con una frutería o una panadería y que no se vean abocados al cierre ante una competencia feroz de una gran corporación con sede en París.
En los años 90 el movimiento vecinal, junto al AMPA del Colegio Tomás Alvira, protestábamos y nos oponíamos a que se pusiera en peligro la seguridad de los escolares cuando se pretendía primar la circulación y el estacionamiento de tráilers y camiones de distribución a las puertas de un colegio, en aras a la comodidad y beneficio de un macrocentro comercial.
En los años 90 el movimiento vecinal, junto a organizaciones ecologistas, protestábamos y nos oponíamos a derruir una chimenea, la de Utrillas, que representaba el pasado industrial del barrio, y en que anidaban las cigüeñas.
Entretanto hubo recursos judiciales de la Federación de los Empresarios de Comercio. Y sentencias como la de 22 de noviembre de 2000 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Zaragoza que declaraba la nulidad de actos administrativos vinculados al proceso urbanizador y edificatorio bajo el mandato de la coalición PP-PAR. Y posteriormente el acuerdo plenario municipal, promovido por el equipo de gobierno PSOE-CHA, de 13 de febrero de 2004, de modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior de desarrollo del Área de Intervención U-11-3,4 y 5 del Plan General de Ordenación Urbana para eludir las infracciones urbanísticas cometidas en el denominado complejo Utrillas. Y la sentencia de 15 de septiembre de 2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que estimaba que no se había vulnerado legalidad alguna. Y por último, la que esperábamos definitiva y última sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 2014, que declara la nulidad de la citada modificación del PERI sin que quepa resarcimiento de daños y perjuicios.
Por tanto catorce años después de la apertura del Hipermercado de Utrillas, tras la sentencia del Tribunal Supremo, quedan cuestionadas la concesión de licencias, y las modificaciones del planeamiento urbanístico redactado a la carta para que todo cuadre. Consecuencia de un proceso de malas prácticas que comenzó en los años 90, al calor de los movimientos especulativos del ladrillo y el hormigón.
No debió la primera corporación autorizar la ejecución de una obra que no se ajustaba al Plan Especial, y que únicamente beneficiaba a determinadas empresas privadas. Y tampoco debió la corporación siguiente ajustar el Plan Especial a la obra ejecutada.
Fueron decisiones erróneas, y bien deberían asumirse responsabilidades técnicas y políticas de quienes participaron en ellas.
Nuestro Ayuntamiento, como todas y cada una de las corporaciones democráticas, tiene la obligación de defender el interés público, el de la ciudadanía. Sería inaceptable que no lo hiciera y que, finalmente, fueran los intereses de particulares los más favorecidos, como se demuestra a lo largo del prolijo procedimiento de “Utrillas”.
Presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aplaza la solución al problema, a esa crónica de una muerte anunciada. ¿Merece la pena esperar con suerte otros cinco años y el que venga detrás que se apañe?
Para más inri el movimiento vecinal, concretamente el de San José, lleva catorce años pidiendo que en el complejo de Utrillas se ceda, para uso público, una planta de aparcamiento que permanece sempiternamente cerrada. Lo hemos expuesto a sucesivos responsables durante años y el interés del Ayuntamiento ha sido escaso, por no decir ninguno. Y ello a pesar de la necesidad de zonas de aparcamiento en un sector rodeado de viviendas de los años 50 y 60 y por tanto sin garajes. Un sector donde sus vecinos son los obreros en paro, sufridores de los recortes en las becas de los comedores escolares y a quienes se les sustrae equipos en el centro de especialidades médicas. Un sector donde sus vecinos, en modo alguno, se benefician de plantas bajo rasantes o de superficies que se incluyen para el aumento del cómputo de edificabilidad. Parece lógico que se valore esa posibilidad, pues bien puede ser la mejor solución para el interés colectivo.
Nos hallamos ante una historia muy poco ejemplar, que desde sus inicios ha olido a podrida. Afrontar la situación, dialogar con los comerciantes, con Alcampo, buscar fórmulas de gestión para el aparcamiento y llegar a la solución más favorable para la ciudadanía, es lo que esperamos y demandamos; cambiar de rumbo y tomar el camino correcto, que no es otro que el del interés general y el bien común. No hacerlo, no ejercer las responsabilidades, dejar el problema al siguiente, será otro error y otra decepción. Unos pocos, los que ya sabemos, se fueron de rositas y con la cartera llena. Otros, los de siempre, solo pedimos lo que nos pertenece.
Juan Carlos Crespo
