Estatutos y posicionamientos políticos

Estatutos de la Asociación [PDF]

Aprobados en Asamblea General Extraordinaria de 30 de abril de 2017 y 29 de junio de 2017.
Inscritos en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón.

Resoluciones aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de 12 de febrero de 2023

Resolución sobre participación ciudadana

En las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo XX, la participación del movimiento vecinal y de la ciudadanía en general en los asuntos públicos era el pan nuestro de cada día. La interlocución directa con las instituciones, en materia urbanística, de transporte público, de equipamientos… Era la tónica habitual.

Pero como si hubiésemos experimentado una contrarreforma esa participación ha quedado desdibujada en estos últimos 4 años de gobierno PP/Ciudadanos en la esfera municipal y de barrio. Lo máximo que ofrecen los actuales responsables municipales es una información, a toro pasado, pero sin promover procesos participativos previos a la toma de decisiones.

Avanzar en la implicación de la ciudadanía en decisiones y actuaciones administrativas es una necesidad a la que las Administraciones deben dar respuesta; no sólo para satisfacer voluntades participativas, sino para poder responder y aportar soluciones a los problemas complejos. Además la participación pública, además de herramienta eficaz, constituye un principio constitucional y general de actuación administrativa (artículos 9.2 y 105 de la Constitución y artículo 3.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas, que indica que todas las administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación en sus relaciones con la ciudadanía). Constituye igualmente una exigencia derivada de nuestra normativa europea, estatal, autonómica y local que la Administración deben desarrollar y aplicar mediante medidas prácticas, asignación de recursos económicos y humanos y, sobre todo, cambiando la cultura administrativa para poner en el centro de las políticas públicas y del procedimiento administrativo a la ciudadanía.

Porque la verdadera participación ciudadana ayuda a generar confianza en las instituciones y a restablecer los vínculos sociales; contribuye a orientar la gestión de lo público hacia políticas que atiendan las necesidades de la ciudadanía; posibilita que la inteligencia colectiva de la sociedad se aproveche en las decisiones públicas; contribuye a la construcción de una ciudadanía más activa y con mayor capacidad de conocimiento, análisis y crítica frente a los problemas de su entorno; Incrementa la sensibilización y concienciación de la sociedad, el sentimiento de pertenencia, la corresponsabilidad y una voluntad colectiva de cambio; fomenta la integración social; contribuye a enriquecer las decisiones públicas y mejora su eficacia; y ayuda a promover cambios internos en las Administraciones.

Por todo lo anterior, adoptamos en relación con la Participación Ciudadana las siguientes RESOLUCIONES:

Primero.- Denunciar la falta de información y participación ciudadana a lo largo del presente mandato tanto en el ámbito municipal como de distrito, cercenando el Gobierno PP/Ciudadanos derechos de la ciudadanía recogidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Segundo.- Instar al nuevo equipo de gobierno municipal elegido tras los próximos comicios un cambio drástico en las políticas de participación.

Tercero.- Instar a los grupos municipales la reforma y mejora del Reglamento de Órganos Territorial y de Participación.

Resolución sobre vivienda pública

La liberalización del suelo y la política del todo urbanizable del Gobierno del PP en 1998, junto con la liberalización de las hipotecas (eliminando límites de tiempo y de porcentajes de renta dedicados a la amortización), y el cambio de tipos fijos a variables que hizo fácil el acceso al crédito, supusieron el arranque de la burbuja inmobiliaria.

El efecto inmediato fue la sobrevaloración de los inmuebles y del suelo, el aliciente para las recalificaciones urbanísticas por el incremento vertiginoso de los ingresos municipales, la dinamización del sector inmobiliario, una amalgama de corrupción a todos los niveles en forma de sobrefinanciación o de pago de obras y paralelamente la constitución de una bolsa creciente de familias atrapadas por obligaciones hipotecarias.

Un efecto social negativo fue que los precios de las viviendas crecieron muy por encima de los salarios, y que padecemos todavía hoy en día.

El panorama actual en nuestras ciudades es que conviven dos realidades antagónicas: por un lado, miles de viviendas de nueva promoción para las sectores pudientes de la sociedad, y por otro lado, miles de familias sin capacidad de acceso a la vivienda, y que demandan a la Administración que les garantice sus derechos constitucionales a una vivienda digna.

En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza sus políticas mercantilistas se centran en una política de venta de suelo para promoción privada. Y ninguna medida en relación a la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler. Ejemplos sangrantes los hallamos en los depósitos de Pignatelli donde la urbanización y las viviendas privadas se encuentran próximas a su entrega y de las viviendas públicas nada se sabe pese a los acuerdos adoptados por unanimidad. O el caso de la U 36/8 (Alumalsa) donde el Consejero de Urbanismo ha declarado de modo reiterado su voluntad de venta de suelo.

Además de la crítica a la política municipal, ésta también deberá extenderse a las líneas de trabajo impuestas por el Gobierno de Aragón en materia de vivienda.

Por todo lo anterior, adoptamos en relación con las políticas de vivienda pública las siguientes RESOLUCIONES:

Primero.- Instar al Ayuntamiento de Zaragoza la construcción inmediata de las viviendas públicas en régimen de alquiler programas en los depósitos de Pignatelli.

Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Zaragoza la promoción pública de viviendas en régimen de alquiler en los antiguos solares de Alumalsa.

Tercero.- Instar a la DGA Zaragoza la promoción pública de viviendas en régimen de alquiler en el Distrito de San José.