Defendemos el derecho a la atención sanitaria para el conjunto de la población, con independencia de su edad, origen y situación económica. En los últimos años se está llevando a cabo, tanto en nuestra ciudad y como en otros territorios del país, un desmantelamiento deliberado del Sistema Público de atención sanitaria.
Disminuye la cantidad de personal contratado, se privatizan servicios esenciales como la limpieza y la restauración, se centralizan otros, alejándolos de la población al mismo tiempo que se potencia la actividad del sector privado, con medidas como la aprobación por parte del Gobierno de Aragón, de una desgravación en las pólizas que se suscriban con compañías de seguros médicos o la utilización de derivaciones a las empresas privadas.
Pedimos al nuevo Gobierno de Aragón que revierta estas políticas y realice un cambio de modelo hacia un Sistema de Salud de financiación, gestión y provisión públicas.
El Sector Zaragoza II, que incluye el barrio de San José, atiende a una población próxima a los 380.000 habitantes y soporta la mayor presión asistencial de la Comunidad Autónoma.
Los ciudadanos manifiestan su malestar y preocupación por el incremento de las listas de espera, la falta de un plan que organice y unifique criterios de intervención, la tendencia a la privatización y la estrategia de concentración de servicios. La población explicita su temor a la pérdida de recursos que hasta ahora se han logrado proteger.
Atención primaria:
El Centro de salud San José Sur está situado en el Paseo Colón. Este alejamiento del barrio perjudica, principalmente a las personas mayores y a aquellas con dificultades de movilidad. Tanto este centro como el ubicado en la Calle Santuario de Cabañas, que atiende a las zonas Centro y Norte presentan índices de saturación, por lo que consideramos que este barrio necesita, a corto plazo, que se afronte la construcción de otro Centro de Salud, cuya ubicación deberá ser consensuada con los ciudadanos del barrio.
Los Consejos de Salud de los respectivos centros tienen un funcionamiento irregular y con escasa actividad en cuanto a diagnóstico de necesidades y formulación de propuestas de mejora. El desinterés de Administración y equipos directivos por las demandas ciudadanas es una constante. El tejido social que forma parte de los Consejos también es responsable de esta atonía, que es estimulada por la Administración por la poca escasa atención a las demandas que se plantean y la poca información que reciben sobre la actividad de los equipos gestores de los Centros y sobre la situación socio-sanitaria de la población a la que se atiende.
Las restricciones en los medios y recursos son inaceptables. Valga como ejemplo mencionar la eliminación durante meses de financiación del programa TAO de auto-análisis a pacientes con tratamiento permanente de medicamentos anticoagulantes. Medidas como ésta son causa de sobrecarga de trabajo a los profesionales y un aumento de riesgo a la salud de los usuarios.
Atención especializada:
El Centro de especialidades de San José, ubicado en Pablo Remacha ha perdido en los últimos meses profesionales y equipos técnicos de Radiodiagnóstico. La Consejería de Sanidad trasladó hace dos años al Hospital Miguel Servet el mamógrafo y los dos ecógrafos, y con ellos los profesionales que los gestionaban.
Con ello los pacientes han perdido en accesibilidad y en la inmediatez en obtener los diagnósticos, ya que las pruebas no se realizan con la misma agilidad. Los médicos de atención primaria y los especialistas ya no disponen de un recurso cercano que era muy útil para complementar su trabajo.
Existe constancia de demoras de meses entre la solicitud de cita y la visita en determinadas especialidades. No puede mantenerse eternamente la situación actual, que causa un evidente perjuicio a los pacientes.
Sólo a principios de 2015 se realizaron unas 3300 derivaciones de pacientes del Centro de Pablo Remacha para hacer ecografías en una clínica privada. Una política privatizadora, que supone un traspaso de fondos públicos al sector privado innecesario si se utiliza todo el potencial de nuestros recursos públicos y se utiliza el presupuesto de las derivaciones en mejorar los recursos propios.
Exigimos que vuelva a dotarse al Centro de Especialidades de mamógrafo y ecógrafo, y del personal necesario para que las pruebas de radio-diagnóstico se realicen en el mismo. Existen ya datos de demoras crecientes, y los facultativos de atención primaria y especializada han perdido un recurso que resultaba útil y agilizaba su trabajo.
Urge una actuación para evitar los meses de plazo entre solicitud y consulta en algunas especialidades en el Centro de Pablo Remacha. Aplicación del decreto del Salud sobre tiempos máximos de demora en consultas y pruebas médicas.
Salud Mental:
La Salud Mental ha sido una de las asignaturas pendientes de la Sanidad en nuestra Comunidad Autónoma. Los sucesivos gobiernos, con variaciones, la han mantenido en una situación de discriminación y marginación. En la actualidad, la red de servicios de Salud Mental es claramente deficitaria en todos sus ámbitos, con escaso desarrollo de los recursos necesarios y, en ocasiones, desde un modelo privado/concertado, con reducciones presupuestarias drásticas que deterioran gravemente la asistencia.
El gobierno que ha dirigido la Sanidad en los últimos 4 años ha profundizado en este modelo, reduciendo lo ya insuficiente, eliminando servicios públicos y recortando el presupuesto en el marco de una gestión caracterizada por la falta de respeto y las políticas de hechos consumados.
Sólo en algunos casos esto se ha podido detener gracias a las movilizaciones promovidas por organizaciones ciudadanas, usuarios y asociaciones profesionales que han denunciado insistentemente esta situación y siguen reclamando el derecho a una atención de calidad en Salud Mental.
Todo ello incide de forma especialmente negativa en las personas que padecen Trastorno Mental Grave, que deberían ser el objetivo prioritario de la atención.
Las cifras de recursos en hospitalización nos sitúan por debajo de las existentes en comunidades limítrofes. Los recursos de inserción laboral, las plazas en recursos residenciales y los programas de rehabilitación psicosocial para personas con Trastorno Mental Grave son claramente insuficientes en lo que se refiere a las necesidades de la población a la que se atiende.
El desafortunado intento de desmantelamiento del Modelo de Salud Mental Comunitario y una involución en la atención pública a la salud mental han conseguido aumentar la sensibilidad en torno al tema y movilizar a la población.
Este ataque ha hecho consolidarse una Plataforma ciudadana en defensa del derecho a una buena atención a los pacientes de salud mental que cuenta con el apoyo y colaboración de esta Asociación de Vecinos. Nacida en defensa de las Unidades que actúan en los Centros de Atención Primaria, continúa su trabajo.
Creemos necesaria la elaboración, financiación y ejecución de un Plan de Salud Mental que tenga en cuenta las consideraciones y principios expuestos e incluya en sus objetivos, como mínimo, la consecución de la red de recursos propuesta en el Plan Estratégico 2002-2010 de atención a la Salud Mental en la Comunidad Autónoma.
La derogación de la ORDEN de 27 de febrero de 2014, en la que se modifica la composición del Consejo Asesor de Salud Mental e incorporación de representantes de los Consejos de Salud y de asociaciones ciudadanas.
El establecimiento de programas de formación de los profesionales de la red de Salud Mental para la mejora de las intervenciones psicoterapéuticas y de rehabilitación psicosocial frente a la actual primacía de lo psicofarmacológico.
La retirada definitiva de la propuesta de alejamiento de las Unidades de Salud Mental del sector II y la consolidación del modelo comunitario.
Eliminación de todos los copagos.
Desarrollar y consolidar la participación de familiares y usuarios en todos los ámbitos de la asistencia a las personas con enfermedad mental.
La creación de un sistema de información que permita una adecuada evaluación y planificación de todos los servicios de Salud Mental.
En tanto se produce la definitiva financiación, prestación y provisión pública de la atención de la salud mental a la población, creemos necesaria la regulación de una supervisión periódica, plural e independiente, de las entidades concertadas.
Consolidar los programas comunitarios y de rehabilitación para la atención a personas con Trastorno Mental Grave y crear un organismo interdepartamental que favorezca la coordinación entre políticas sanitarias, sociales, de inserción laboral, jurídicas, etc.
Desarrollar intervenciones de carácter preventivo y rehabilitador en colectivos especialmente vulnerables: población infanto-juvenil, población penitenciaria, personas con algún tipo de adicción, etc.
