Recientemente se ha dado a conocer la adjudicación de los suelos, de propiedad municipal desde 1986, de la antigua Alumalsa por 9,35 millones a la inmobiliaria Brial. Con esta actuación se confirma la venta de unos suelos que, según se había comprometido el Ayuntamiento, iban a destinarse a la construcción de vivienda de promoción pública en régimen de alquiler. Con esta venta se anula la posibilidad de disponer de 106 viviendas a precios asequibles e intentar paliar un problema tan acuciante para la clase trabajadora como es la vivienda.
Esta medida, de no revertirse, supondrá la construcción de una torre de 15 alturas en una zona que arrastra carencias como la ausencia de guarderías —que se aplaza una y otra vez—, la falta de arbolado o un acondicionamiento que garantice espacios seguros para los peatones.
De esta forma, se ignoran las reivindicaciones vecinales y los compromisos adquiridos de construir vivienda pública, despatrimonializando los recursos públicos del barrio y desechando una vez más la oportunidad que teníamos para aliviar, en la medida de lo posible, un problema tan acuciante como es la vivienda y la dotación de servicios públicos tan necesarios como una guardería. Todo ello para obtener unas rentas económicas que van a ir destinadas a los proyectos faraónicos de este ayuntamiento, ni siquiera para mejorar nuestras calles o para adecuar la ribera del canal.
En el año 2021 la acción ciudadana consiguió frenar un intento de venta de estos suelos y en el año 2022 el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, en el informe de venta de solares que acompañaba al Presupuesto municipal para el ejercicio económico del 2023, aseguraba que se destinarían a vivienda pública de alquiler. Asimismo en los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para los ejercicios económicos del año 2021, 2022 y 2023 se consignaron partidas para la ejecución de obras en la ribera sur del Canal que, a fecha de hoy, no se han llevado a cabo.
Es de resaltar que la reforma de dicho tramo del Canal a su paso por San José ha sido reclamada durante años por las entidades ciudadanas de este barrio, de Torrero y La Paz y de colectivos del ámbito medioambiental. Se trata además de un proyecto que suma apoyo y consenso técnico y vecinal. Siendo esta una cuestión que, a pesar de su trascendencia, se ha tomado al margen de instrumentos jurídicos y procedimentales como el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, vigente desde el año 2005.
Estimamos que con la decisión de venta del suelo de propiedad municipal en los suelos del Área U36/8, el Ayuntamiento de Zaragoza incumple una vez más compromisos con los y las habitantes del sector Sureste de la ciudad, los barrios de San José, Torrero y La Paz.
Interpelamos al Ayuntamiento a revertir esta política acometida de espaldas a las necesidades del vecindario y al servicios de los especuladores. Por todo ello, anunciamos que seguiremos realizando movilizaciones que se comunicarán en los próximos días.
